YPF y Repsol pagarían más de US$ 500 millones para cerrar un litigio millonario en Estados Unidos

Ambas firmas trabajan en conjunto para tratar de cerrar en las próximas horas un acuerdo destinado a ponerle fin a la demanda que arrastran por la contaminación ambiental que provocó la petrolera estadounidense Maxus antes de que la firma fuera adquirida por la compañía argentina en la década del 90.

Directivos de las petroleras YPF y Repsol se encuentran en Nueva York trabajando en conjunto para tratar de anunciar en las próximas horas un acuerdo destinado a ponerle fin a la demanda que arrastran por la contaminación ambiental que provocó la petrolera estadounidense Maxus antes de que la firma fuera adquirida por la compañía argentina en la década del 90. Ambas firmas desembolsarían en conjunto más de US$ 500 millones que aportarán en partes iguales, aseguraron a EconoJournal fuentes privadas a cargo de la negociación.

Los dos 1
Pablo González y Antonio Brufau.

El origen del conflicto

YPF adquirió Maxus en 1995, durante la gestión de José ‘Pepe’ Estenssoro, con la intención de expandirse en Estados Unidos, aunque finalmente no lo hizo. Al poco tiempo de desembarcar en la compañía se supo que tenía demandas por contaminación ambiental desde hacía varias décadas.

La causa se había originado cuando Chemicals, una subsidiaria de la empresa estadounidense Maxus, fue acusada de contaminar con dioxin, el “agente naranja” usado en la guerra de Vietnam, el río Passaic y la bahía de Newark, en el estado de Nueva Jersey, durante las décadas de 1950 y 1960.

En 1986 Maxus vendió Chemicals a una subsidiaria de Occidental Petroleum, asumiendo indemnizar a esta última por los pasivos ambientales eventuales que Chemicals hubiera provocado. En 1995 YPF compró Maxus sin el debido “due dilligence”, que es el proceso de cotejar si la compañía está en orden, si tiene juicios o deudas pendientes, y en 2005 el estado de Nueva Jersey demandó a Maxus, Occidental, Repsol e YPF por presunta contaminación.

En 2011 un tribunal de Nueva Jersey declaró que Occidental y Maxus debían remediar los daños ambientales. Occidental trasladó legalmente toda la responsabilidad a Maxus y, como “alter ego”, a YPF y a Repsol, entonces controlante de la petrolera argentina. El riesgo que llevaba este caso no fue evaluado correctamente por el gobierno argentino cuando se decidió la estatización de la firma en 2012.

En 2016, bajo la gestión de Miguel Gutiérrez, YPF presentó a Maxus en concurso preventivo de quiebra y propuso crear un fideicomiso con US$ 130 millones para cualquier contingencia que pudiera ocurrir con los acreedores, pero la propuesta fue rechazada.

Demanda millonaria

Maxus presentó un plan de reestructuración alternativo que incluía un Fideicomiso de Liquidación (financiado por Occidental Chemical Corporation, un acreedor de Maxus) que podía presentar demandas contra YPF. En mayo de 2017, el tribunal de Delaware a cargo de la bancarrota de la empresa emitió una orden que confirmaba el plan alternativo del fideicomiso.

En junio de 2018, el fideicomiso emitió una demanda contra YPF por US$14.000 millones relacionada con “reclamos por transacciones de reestructuración corporativa”.

En junio de 2022 El juez Christopher Sontchi, del tribunal de Quiebras de Delaware, denegó la solicitud del Fideicomiso demandante para que se resuelva el juicio en forma sumaria. También se opuso a la teoría del daño «económico» que argumentaba el fideicomiso que lleva la quiebra de Maxus. En cambio, pareció escuchar la teoría de daños que argumentaba YPF. La petrolera argentina sostuvo que no puede ser considerada «alter ego» de Maxus.

“El ‘trust’ (continuador de Maxus, que administra su bancarrota) no pudo establecer y no brindó materiales y disputó los hechos presentados por los defendidos (YPF y Repsol)”, explicitó el falló de Sontchi. “No hay pruebas rotundas y contundentes. Habrá que realizar un juicio para determinar si YPF y Repsol pueden ser encontrados responsables”. Se debe demostrar su conducta “incorrecta”, agregó entonces el magistrado.

Ese fallo descartó la posibilidad de condenar a YPF y Repsol a pagar 14.000 millones de dólares por todo el daño ambiental que provocó Maxus y abrió la puerta a una nueva negociación para intentar alcanzar un acuerdo, que es al que ahora se arribó.

Fuente: econojournal.com.ar